Un Poder Judicial y un Ministerio Público eficientes e independientes de los otros poderes del Estado, de los partidos políticos, de los medios y de los grupos económicos son fundamentales para nuestro ejercicio profesional y para una mejor convivencia social.

Hace algunos años que el debate sobre el rol del Poder Judicial y del Ministerio Público, cómo se seleccionan y remueven sus integrantes, cuáles son los alcances y límites de su independencia, se encuentra en el centro de la agenda política.

Ríos de tinta han corrido respecto de la independencia judicial, la democratización de la justicia y el verdadero significado de ambos conceptos. Quienes formamos parte de este espacio tenemos una similar visión de la realidad del momento que vive la Justicia en cuanto Poder del Estado y asimismo como servicio a la ciudadanía en el mantenimiento y recupero de sus derechos.

Sin duda estamos inmersos en tiempos de cambio y como ha sido históricamente la entidad que nos nuclea -el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal- resultará una caja de resonancia de las nuevas circunstancias que se vivirán en nuestro país.

En este encuentro de colegas al que traemos miradas diversas en lo político, hemos coincidido en algunos ejes sobre los que se deben edificar las instituciones vinculadas a la Administración de Justicia para que estás sirvan a la concreción de un Poder judicial comprometido con las instituciones democráticas, los intereses de la Nación y el pueblo y que vele por el respeto irrestricto a los derechos humanos en su más amplio sentido.

Estos son:

El libre planteo de la pretensiones por las partes en los pleitos, los que solo pueden realizarse a través de abogadas y abogados libremente seleccionados por las partes.

La decisión del tribunal en condiciones normales sin sujeción a presiones políticas, económicas o mediáticas.

La resolución de los conflictos en tiempos razonables, lo que sin duda dista mucho de lo que se observa en la actualidad.

Provisión de herramientas suficientes al tribunal y las partes para hacer efectivas, en todos los casos y en tiempos razonables, la ejecución de la decisión.

Estas pocas premisas sin duda pueden ser suscriptas por todas las personas que ejercemos la abogacía en cualquiera de sus roles.

El desafío es lograr enunciar de manera equilibrada algunas pautas que fortalezcan el ejercicio de la magistratura y la abogacía, sin transformarlas en prebendas corporativas.

Desde hace años, venimos trabajando en la convicción que esta tarea solo se puede lograr desde espacios plurales, en los que se debata libremente con respeto por la particular visión de la realidad política de sus integrantes, como única garantía de la elaboración independiente y democrática de las propuestas.

Tenemos la convicción que las políticas, para que tengan posibilidad de plasmarse y llevarse de la idea a la acción, deben ser el resultado de esta construcción colectiva. Necesitamos tu aporte.

TE ESPERAMOS