• LA nueva mirada
Lunes, 06 Marzo 2017

Por qué nos oponemos a la Ley de Riesgos del Trabajo

La nueva norma se desentiende del derecho a la salud del hombre y de la mujer que trabajan, poniendo el acento en la cantidad de juicios en lugar de hacerlo en la prevención de los riesgos de las personas.

La ley 27348 dificulta e incluso impide que los trabajadores tengan un acceso directo y eficaz a la justicia, en la modalidad anterior a la cuestionada reforma que esta norma mantiene.

Por eso nos oponemos a esa ley, tanto cómo a su precedente, el DNU 54-17, y porque no apunta a la verdadera solución: que nunca más haya accidentados o enfermos por causa o en ocasión del trabajo.

Estipula un procedimiento tortuoso y de duración indefinida, previo al judicial, ante las Comisiones Médicas (CCMM), las que no reúnen las condiciones para ser consideradas tribunales administrativos ni aseguran mínimamente resultados justos y equitativos.

Debe señalarse que en dieciséis provincias argentinas hay una sola Comisión Médica, lo que conlleva que un trabajador incapacitado deba recorrer largas distancias para poder acceder, lo que muchas veces, de hecho, supone la imposibilidad real y concreta de hacerlo.

También debe advertirse que la cantidad de CCMM existentes en modo alguno pueden dar respuesta a la cantidad de casos a resolver. Solo a modo de ejemplo, en Buenos Aires hay 10 comisiones médicas frente a 80 juzgados de trabajo, que ya no daban abasto.

Además, es palmaria la inconstitucionalidad de la norma en tanto ataca la organización federal dispuesta por la Constitución Nacional al modificar normas procesales privativas de las provincias, y pretender que estas cedan cuestiones no delegadas a la Nación a un organismo administrativo de tercer nivel.

La norma agrede los derechos y la dignidad de los abogados.

En primer lugar, porque se vuelve a la carga con el trillado argumento de la “industria” del juicio.

Una vez más afirmamos que no existe tal industria del juicio, sino una industria del incumplimiento protagonizada por quienes no respetan las normas de seguridad e higiene y por el deficiente funcionamiento de las comisiones médicas.

Prueba de ello es que, en general, los trabajadores ganan los juicios que promueven y las incapacidades reconocidas por la justicia son superiores a las fijadas en sede administrativa.

Paradójicamente, serán las disposiciones de la ley 27348 las que incrementen exponencialmente la litigiosidad, al agregar a los conflictos existentes los derivados de sus inconstitucionales disposiciones.

Por último, preocupa que la norma, por vía reglamentaria, en un nuevo ataque al ejercicio de la abogacía, pretenda determinar los honorarios que deben percibir los profesionales del derecho por su labor profesional, desconociendo que para ello existe una ley de orden público.

Ello pone de manifiesto, una vez más, la intención de dificultar el ejercicio profesional a través del factor económico; lo que significa desconocer la tarea esencial de los abogados en el reconocimiento de los derechos, que es lo mismo que desconocer su rol fundamental en el mantenimiento de la paz social.

Sin abogados no hay estado de social de derecho, ni democracia, ni República.

 

#RevalorizaLaAbogacía

#SeamosProtagonistas

#SeamosElColegio

 

2021 #seamoselcolegio